Un verano agitado

ene 19, 2019
descosur arequipa

carlincatura-fiscaliaEl 2019 empezó con la misma intensidad con la que concluyó el año anterior. La torpe decisión de retirar a los fiscales Vela y Pérez del caso Lava Jato, le costó finalmente el cargo al exfiscal Pedro Chávarry. Seguramente entusiasmado por las curiosas declaraciones del presidente Vizcarra tomando distancia de la negociación con Odebrecht, acicateado por Alan García, al que se le viene la noche en el caso de marras, no calculó la reacción de la calle, que el propio 31 de diciembre, inició su movilización. El mandatario –en ese momento en Brasil para la juramentación de Bolsonaro– evidenció su olfato y volvió rápidamente al país para encabezar las presiones al hoy extitular del Ministerio Público y presentar apuradamente una propuesta de reforma de dicha institución, que tenía poca reflexión y algunos problemas de constitucionalidad.

En paralelo, las disputas en el Congreso de la República, luego de que a fines de diciembre, Daniel Salaverry autorizara el registro de nuevas bancadas ordenado por un fallo del Tribunal Constitucional, continuaron y subieron de decibeles. El fujimorismo keikista amagó con la censura del presidente del Legislativo, quien finalmente renunció a la bancada y fue seguido por varios otros inconformes. Reducida a 53 miembros, la otrora aplanadora naranja se vio obligada a retroceder, evidenciando una vez más, su falta de estrategia y orden, agravada por la prisión preventiva de su lideresa. Así, a los primeros días de enero, doble victoria del mandatario: Chávarry tuvo que renunciar al quedarse sin respaldo en la Junta de Fiscales y el Presidente del Congreso, con el que parece desarrollar un entendimiento, se queda en el cargo. Un «gana-gana» de corto plazo que se ve en las encuestas recientes: la aprobación presidencial llega a 66% y la de Salaverry asciende sorprendentemente por encima del 30%.

Es obvio, sin embargo, que estamos aún bastante lejos de encontrar una luz al final del túnel, y que el fujimorismo y el APRA –como lo vienen demostrando cotidianamente– mantienen una cuota de poder y una capacidad de acción significativas. Su poder institucional –Congreso de la República, Ministerio Público, Poder Judicial– se ha visto mellado, pero no ha desaparecido. Con la cuota que conservan, pero también ayudados por los errores de sus oponentes, parece que acaban de poner en suspenso, por lo menos retrasar, el «caso de los cocteles del fujimorismo», retirando al juez del caso. Mantienen una relación y una presencia intensa en varios de los medios de comunicación y todo indica que, con el concurso de algunos de ellos, su estrategia de ataque pretende «descubrir» los vínculos de Vizcarra con la corrupción, además de poner en evidencia las limitaciones de gestión de su gobierno. Todo con el afán de neutralizar el caso Lava Jato. El cargamontón de los últimos días, así lo demuestra. El «descubrimiento» de los vínculos comerciales de la empresa familiar del Presidente con Odebrecht, una década atrás, lo asemejaría a todos los expresidentes acusados por corrupción.

En este escenario, la política en la escena oficial se mantiene móvil y llena de acuerdos puntuales y coyunturales. No es, como quieren creer algunos, uno en el que se vayan dibujando coaliciones con el 2021 como horizonte, porque para buena parte de nuestra clase política, el futuro termina el fin de semana. De esta manera, muchos de quienes respaldaron al Ejecutivo en su apuesta por el referéndum o en su enfrentamiento con Chávarry, marcharon esta semana contra el Plan de Competitividad y la pretensión de nuevos cambios en materia laboral, mientras que otros, que comparan frecuentemente a Martín Vizcarra con el venezolano Chávez, aprueban y defienden la desafortunada política de Torre Tagle en esta materia.

En el corto plazo, esos acuerdos puntuales serán cruciales en un Congreso que tiene que asegurar la selección de la denominada Junta Nacional de Justicia, pieza indispensable para la limpieza y reforma que se pretende en el sector y que además, mantiene una cierta capacidad de retrasar los procesos judiciales a la corrupción, así como la posibilidad de aprobar leyes proempresariales o populistas. En ese proceso, el Ejecutivo, todo lo indica, sigue ganando tiempo y mantiene la buena disposición de la calle. Como hemos sostenido antes, la misma no es un cheque en blanco.

desco Opina / 18 de enero de 2019