Las encuestas más recientes registran el descenso de la aprobación presidencial en el último mes. Mientras una de ellas muestra una caída de 4 puntos, la otra evidencia una pérdida de 5 puntos, coincidiendo ambas en que es en el sur donde se ve más afectado el mandatario, descendiendo 7, afectado entre otras cosas, por las dificultades del Estado para responder a los huaicos y los eventos naturales que golpean esa zona del país.
En tanto que se trata del segundo mes en el que la popularidad de Martín Vizcarra desciende, distintos periodistas y analistas creen que estamos próximos al fin de la sintonía del mandatario y la opinión pública, facilitada por el referéndum, pero especialmente por su posicionamiento en materia de corrupción. Lo cierto es que en las últimas semanas, no obstante la marcha del proceso Lava Jato y la suscripción del acuerdo con Odebrecht, las debilidades y limitaciones del gobierno se han evidenciado.
Los fenómenos naturales del sur se repitieron en el centro y el norte del país. En esta región, las lluvias e inundaciones en Piura, Tumbes y Lambayeque, mostraron el nulo avance de la reconstrucción y desnudaron la retórica vacía de nuestras principales autoridades, tratando de explicar la incapacidad de la gestión pública y el condenable retraso que hay en un proceso próximo a cumplir dos años. Ver recientemente en los medios de comunicación, cómo mientras Sullana se inundaba, una ministra, en nombre de la prevención anunciaba el envío de «ayuda humanitaria» en el BAP Pisco, fue el mejor indicativo de nuestra precariedad.
Pero con los fenómenos naturales, distintos malestares se expresaron también en el interior del país. El paro agrario de 48 horas en Cusco –exigiendo declarar en emergencia la agricultura de la región y contra un supuesto intento de privatizar el agua– como una medida similar, llevada adelante en Huánuco contra la venta de la hidroeléctrica Chaglla de Odebrecht a una empresa china, pusieron a prueba la capacidad del gobierno, que por el momento ha salido bien librado en ambos trances, aunque no ha resuelto los temas de fondo. Más ampliamente, la huelga nacional de transportistas que puso en jaque al país, concluyó con un acuerdo entre el gremio y el Ejecutivo que fue una derrota del gobierno que insiste en mantener el peso de los impuestos indirectos (el selectivo al consumo, en este caso), para no abordar el tema de las exoneraciones tributarias.
La pregunta de fondo es si estos malestares pueden multiplicarse y generalizarse al extremo de terminar con la relación entre el Presidente y la opinión pública. Sin negar que los mismos la desgastan, no creemos que en un plazo cercano estén en condiciones de liquidarla. No obstante las importantes limitaciones y debilidades de un gobierno que en todas las encuestas, puntos más o menos, aparece desde su inicio como carente de un plan de desarrollo y poco capaz de reactivar la economía, el principal capital del mandatario está ligado a la imagen que da en el enfrentamiento contra la corrupción, que encabeza largamente el ranking de la percepción ciudadana de los principales problemas del país.
Así lo han entendido sus adversarios más enconados y asustados, con el expresidente García a la cabeza. De allí que empiecen a multiplicarse las acusaciones de supuestas vinculaciones del mandatario con el Club de la Construcción y con la misma Odebrecht. El ruido es alto y en su versión maximalista se intenta construir un escenario futuro de vacancia, como la única manera de hacer el «control de daños» que desesperadamente buscan distintos sectores políticos y empresariales del país, que sienten que Lava Jato les respira en la nuca. El mandatario, que desde meses atrás es acusado alegremente de manejar al Ministerio Público y a sectores del Poder Judicial, responde hasta ahora sin nerviosismo, aunque a veces con poca claridad, abriéndose flancos que después, él mismo cierra. Ese parece ser su estilo. Recordemos que si en diciembre indicó que personalmente estaba en contra de la posibilidad de Odebrecht de seguir contratando con el Estado como parte del Acuerdo, desde enero fue un entusiasta impulsor de éste.
La historia de la corrupción en la obra pública es vieja y definitivamente previa a Odebrecht. El mandatario, como muchos peruanos, seguramente lo intuye. Se trata de poderes y formas de hacer negocios que explican muchas de las fortunas nacionales. Esa es la «construcción» que está hoy amenazada. Enfrentarla, más aún cuando la información llega de afuera y no puede cernirse fácilmente, le seguirá dando aire al mandatario, más allá de sus limitaciones para gobernar.
desco Opina / 1º de marzo de 2019
