Las encuestas recientes, que empiezan a multiplicarse como parte del modo “elecciones” que los políticos de la escena oficial y los medios empiezan a imponer, no traen mayores novedades sobre la aprobación de la señora Boluarte y el Congreso de la República. Reducida en ambos casos a prácticamente un error estadístico, su desaprobación alimenta el descrédito de la democracia en el país, que nos ubica entre los países con mayor desconfianza en ella en los distintos estudios regionales como el Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas. La reciente medición del Instituto de Estudios Peruanos, muestra que un 37% declara no confiar para nada en las elecciones, sobre todo en las zonas rurales, entre los más pobres y en el norte, sur y oriente del país, frente al 8% que afirma confiar mucho en ellas, mayoritariamente en Lima y en los estratos altos. Usando una escala de confianza en elecciones que va de 1 a 7, dicha encuesta establece tres categorías de confianza –baja, intermedia y alta–, mostrando que 49% manifiesta escasa confianza en estos procesos
No obstante, éstos y otros datos en la misma dirección, la coalición autoritaria en el gobierno, Congreso y Ejecutivo, cada uno a su manera y en función a sus propios intereses, organizan sus acciones para hacer de las elecciones próximas el centro de sus decisiones y orientaciones, convencidos de que por esa vía tranquilizarán las aguas de los malestares permanentes que generan, terminarán de construir en muchos casos los blindajes legales que requieren para su impunidad y garantizarán su reproducción futura.
La mandataria, combina su enfrentamiento virulento con la Fiscal de la Nación que le ha presentado cinco denuncias constitucionales, con la multiplicación de sus innumerables mentiras –desde los Rolex y las cirugías hasta la supuesta invitación a Estados Unidos que le habría hecho el vicepresidente de ese país en su encuentro en El Vaticano–, con el apuro por aumentarse el sueldo, haciendo creer que no tiene vínculo con la descabellada iniciativa, así como con el estilo malcriado que dejó al presidente colombiano con la mano estirada en Quito, y el tormento al que somete a los escolares en sus inauguraciones con sus agresiones a los medios de comunicación y las agencias encuestadoras. Todo ello, acompañado de su subordinación y su negociación permanente con el Congreso de la República, en un escenario, según evidencia la encuesta del IEP, en el que 62% y 58% indican que las grandes empresas y el Congreso influyen mucho en el gobierno, mientras 37% identifica a Keiko Fujimori como la figura con mayor influencia en el gobierno, seguida por Cerrón y César Acuña.
El Congreso, por su lado, interesado en asegurar su control de las instituciones electorales y del conjunto del futuro proceso, elimina a sus competidores, busca reducir a sus críticos y garantizar todas las condiciones que les aseguren su futuro en la próxima representación, sin dudar en traspasar toda barrera que se los impida, como lo evidencian cotidianamente con sus decisiones. Claros en su poder político sobre Boluarte, hacen crecientemente del manejo populista de la economía, un arma adicional en la búsqueda de “simpatías” que esperan se traduzcan en votos futuros en sus pretensiones reeleccionistas.
Así, sin ningún estudio ni sustento técnico aprobaron un proyecto de ley que busca cambiar la composición del Impuesto General a las Ventas desde el 2026. La norma aprobada en el Congreso mantiene la tasa en 18% pero reduce a 14% la participación del gobierno nacional e incrementa al 4% la del Impuesto de Promoción Municipal que hace parte de aquél. 10 000 millones de soles menos para los gastos e inversiones del nivel central. La medida no significa necesariamente que el gobierno nacional disminuye las transferencias a los gobiernos locales por ese monto, lo que representa un riesgo fiscal significativo si eso no ocurre y el gasto aumenta. Máxime cuando el Ejecutivo de Boluarte comparte el mismo ánimo populista y buscando el apoyo de los gobiernos locales a su interés de supervivencia hasta el 2026, anuncia desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un incremento en la regla del déficit fiscal como parte del crecimiento del gasto, lo que, sumado a la incapacidad de generar ingresos sostenibles, está llevando paulatinamente a un mayor endeudamiento público.
En este estado de cosas, con una opinión pública desconfiada de las elecciones, con 71% de peruanas y peruanos que creen que es probable que la campaña electoral resulte financiada por la minería ilegal, con 82% convencida que el poder de aquella ha influido en el Congreso y en las autoridades regionales, en un país en el que según el último informe del Latinobarómetro, apenas 10% se decía satisfecho con la democracia, es evidente que el divorcio entre la percepción ciudadana y el accionar de la mandataria y los representantes, de los políticos de manera más general, está claramente presente.
Las futuras elecciones, que a todas luces no serán competitivas, enfrentan problemas más de fondo que la eventual participación de 43 listas, lo que ciertamente es un problema grave. La aceptación en el escenario electoral, que muestran figuras como Martín Vizcarra, Pedro Castillo o Antauro Humala, más allá de si pueden o no ser candidatos a alguna forma de representación o no, son un mensaje claro para una clase política que sigue mirándose el ombligo.
desco Opina / 30 de mayo de 2025
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