En julio pasado, el caso “Mila” captó la atención de la opinión pública. Como lamentablemente se ha hecho habitual, los medios periodísticos mostraban el caso de una niña de 11 años, embarazada como consecuencia de una violación dentro de su entorno cercano. El calvario de agresiones sexuales en contra de esta niña se inició varios años antes, pero la madre nunca había denunciado al padrastro victimario, por temor a las amenazas. Por otro lado, aduciendo que no había suficientes elementos de convicción, un juez dejó en libertad al violador, obligándole tan sólo a una comparecencia periódica en el juzgado, sumado a ello la Unidad de Protección Especial (UPE) de Loreto, no activó el Protocolo Base de Actuación Conjunta para casos de violencia sexual, es decir, no la derivó a un establecimiento del MINSA, ni mencionó a la familia de la víctima la posibilidad de solicitar la aplicación del aborto terapéutico por los riesgos en la salud de la niña.
Según la legislación peruana, el aborto provocado está penalizado, sin embargo, desde 1924 existe el derecho legal al aborto terapéutico cuya guía de aplicación recién fue aprobada en el 2014, guía médica que establece los parámetros para su aplicación y en donde, lamentablemente, no se consideran los casos de violación, ni mucho menos se establece diferenciación por la edad de la gestante, a pesar de que los riesgos en la salud para una madre niña o adolescente, aumentan conforme avanza la gestación debido a que ni física ni psicológicamente están preparadas para enfrentar este estado, más aún si es consecuencia de una violación sexual. Cabe resaltar que la principal causa indirecta de mortalidad materna de adolescentes es el suicidio (10%). A pesar de todos los riesgos físicos y sicológicos, la Norma Técnica para Servicios Diferenciados de Salud para Adolescentes no alude al aborto terapéutico y no se entiende el por qué, habiendo muchos antecedentes fatales.
En 2017, una adolescente de 13 años falleció al dar a luz y haber entrado posteriormente en coma en un hospital de Ica. La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) investigó lo ocurrido, pero nunca se hizo público un informe. A las adolescentes K.L. y L.C. el Estado peruano les negó el 2001 y 2007 respectivamente, la posibilidad de interrumpir un embarazo que afectaba de manera grave su salud física y mental. L.C. fue víctima de violación de la que quedó embarazada a los 13 años. Tuvo un intento de suicidio arrojándose desde un edificio, hecho que le produjo una paraplejía. K.L. quedó embarazada a los 17 años, pero una ecografía mostró que el feto tenía condición anencefálica y ante ello solicitó interrumpir su embarazo; sin embargo, se le negó esa posibilidad, dando a luz a una niña que vivió tan solo cuatro días. Estos hechos causaron que la joven se sumiera en un estado de profunda depresión.
Debemos resaltar que Perú fue condenado por comités internacionales a pagar reparaciones civiles por vulnerar los derechos sexuales y reproductivos de ambas adolescentes. El caso de Camila no es distinto a los anteriores. Una niña indígena apurimeña de 13 años víctima de violación e incesto a quien se le negó el derecho al aborto terapéutico, y luego de tener un aborto espontáneo, fue acusada y condenada por el delito de autoaborto. Hace pocos meses, el Estado Peruano fue declarado culpable de haber violado los derechos a la salud y a la vida de Camila por no brindarle el acceso al aborto legal y seguro. La sentencia fue emitida por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
Otro caso lamentable es el de una menor de 9 años de Pucallpa. Ella llegó a un centro de salud por un embarazo y el médico no le ofreció información sobre cómo acceder a un aborto terapéutico ni se activó una actuación conjunta con la policía para denunciar al agresor; no fue hasta que el gobernador se enteró que se realizó la intervención como correspondía. Las cifras muestran que entre 2003 y 2022 solo dos niñas de 11 años o menos lograron acceder al aborto terapéutico en los hospitales del MINSA, esto a causa de la negativa de las autoridades y el temor de las víctimas y sus familiares a la criminalización por la decisión tomada. Solo entre 2012 y 2022, según los datos del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo, 68 niñas de 10 años o menos fueron forzadas a ser madres en el Perú.
En nuestro quehacer cotidiano en los distritos y comunidades de selva central, hemos sido testigos de muchos casos como el de Mila que no alcanzan justicia y que posiblemente se vean expuestas a recurrir a riesgosos canales clandestinos de interrupción de embarazos no deseados. Recientemente, hacia inicios de setiembre, tres nuevos casos de embarazo de niñas de 11 años debido a violación se presentaron en Ilo, Tingo María y Huaraz, siendo el último el más grave ya que la menor tuvo que ser trasladada a Lima para para ser evaluada en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP).
El desenlace del caso Mila, quien logró acceder a un aborto legal y seguro, ha despertado reacciones de sectores conservadores y religiosos, quienes ponen en segundo plano los derechos de las adolescentes víctimas, olvidándose que en el Perú, cualquier relación sexual con una menor de 14 años es considerada una violación; por lo tanto, todos los embarazos de niñas y adolescentes menores de 14 años son producto de violaciones sexuales. Vivimos en una sociedad en la que, tristemente, se ha naturalizado el hecho de que una niña tan pequeña sea sujeta a una maternidad forzada. El derecho a la vida posiblemente sea difícil de ser cuestionado, pero bajo esa premisa de moralidad no se puede condenar a sufrimientos o a la muerte a personas inocentes, por causa de un Estado que no tiene la voluntad para reconocer el derecho a una vida libre de toda forma de violencia. La justicia no puede ser catalogada de moral o inmoral, sólo tiene que ser justa.
