El pasado 8 de mayo se realizó el seminario “Voces desde las regiones en defensa de la democracia”, congregando a colectivos y coordinaciones de la sociedad civil de siete regiones del país, La libertad, Cajamarca, Áncash y Piura por la macrorregión Norte; y Apurímac, Cusco y Arequipa de la macrorregión Sur. A lo largo del 2024 realizaron foros para analizar y generar respuestas frente a la profundización de la crisis política y la precarización de la democracia en el país, logrando formular agendas regionales que se expusieron durante el seminario. Estas iniciativas fueron estimuladas por la ejecución del proyecto Perú Conversa promovido por Idea Internacional en alianza con ONG locales, implementándose en 15 regiones.
El deterioro de la democracia tiene como componente central la crisis de los partidos políticos y el sistema de representación que se expresa también en la debilidad de las organizaciones sociales y, particularmente, en las organizaciones gremiales sindicales, poblacionales y rurales.
Esfuerzos de articulación de la sociedad civil se han realizado en distintos momentos a través de convocatorias a reuniones descentralizadas como el Acuerdo Nacional las cuales resultaron irrelevantes por la ausencia de iniciativas o acciones frente a la crisis, mostrando una disminuida capacidad de convocatoria. De otro lado, se establecieron articulaciones como la Coalición Ciudadana, integrada por alrededor de 300 instituciones con el propósito de recuperar la política para la ciudadanía; y la Plataforma Democrática como espacio de concertación frente a la ofensiva autoritaria. Ambas instancias han emitido reiterados pronunciamientos con una muy limitada incidencia, pues el Congreso y el Ejecutivo mantienen invariable el curso de aprobación de leyes que modifican o vulneran la Constitución y nuestra democracia representativa. El actual Congreso tiene el claro objetivo de asegurar su consolidación en el poder en el proceso electoral convocado para el 2026.
En un contexto desfavorable para el país representan un esfuerzo valioso las iniciativas de articulación, concertación y encuentro realizadas desde la sociedad civil, con el propósito de formular alternativas y respuestas ante el agravamiento de la crisis política y la ofensiva conservadora que, a través de la alianza entre el Gobierno y el Congreso, está administrando el Estado con el fin de mantener sus intereses y el poder.
Las agendas formuladas tienen múltiples coincidencias en la demanda por una modificación del rol que tiene hoy el Estado, el cual ha fracasado en la prestación de los servicios básicos de salud y educación, o en la dotación de empleo digno para los miles de jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral. Pero también comparten la exigencia por incorporar prácticas de transparencia en la gestión pública, que solo será posible con una auténtica participación ciudadana en la gestión del territorio, priorizando la sostenibilidad ambiental, una economía inclusiva y la superación de las brechas territoriales y sociales que afectan con especial énfasis a las mujeres y jóvenes. En suma, son un conjunto de planteamientos que podrían ser base de un programa de reformas a ser encaradas con urgencia por el próximo Parlamento. Decimos próximo, porque de este no se puede esperar nada.
Pese a estos esfuerzos, aflora aún un vacío de liderazgos políticos capaces de articular el descontento y la frustración ciudadana, y movilizar a la población más allá del espontaneísmo y las buenas intenciones de sectores que frente a la precarización de la vida, muestran su rechazo permanente a la coalición autoritaria que ejercer el poder. Así, el escenario de fractura y la crisis de representación con la atomización y abundancia de “partidos políticos”, representan el gran reto para las fuerzas democráticas que buscan revertir el rumbo hacia la inviabilidad del país.
desco Opina – Regional / 23 de mayo del 2025
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