Cultivando conflictos agrarios en la selva central

may 17, 2019
descosur arequipa
Foto: Agencia Andina

Foto: Agencia Andina

Hace pocos días, la titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Fabiola Muñoz, anunció la reestructuración total de su sector con la finalidad de mejorar la provisión de servicios a los pequeños agricultores. Previamente, ella se había reunido con representantes de algunos gremios agrarios para analizar diversos temas: problemática del café, financiamiento al agro, modificación a la ley de organizaciones de usuarios, gestión participativa, impulso a la agricultura orgánica y familiar, fortalecimiento de la institucionalidad del Minagri, el seguro agrario, acceso a crédito agrario, entre otros. Ello, sin embargo, no logró detener el paro de agricultores, y al igual que en movilizaciones anteriores, sus interlocutores no fueron los organizadores de la medida de fuerza, lo que mostraría problemas de representatividad, tanto como la pretensión del Ejecutivo por prevenir incendios, pero ignorando a los pirómanos.

Por otro lado, no es la primera vez que durante este gobierno se plantea la reestructuración del Minagri; sin embargo, nunca ha quedado claro el modelo alternativo a implementarse, que priorice la problemática de la agricultura familiar y campesina. No es lo mismo la pequeña actividad agropecuaria de la costa que la de sierra o selva, pues aunque comparten elementos comunes, afrontan también problemas específicos (cultivos estacionales y permanentes, ganadería diversa, precios de mercados locales e internacionales como el café, el cacao o la fibra de alpaca, entre otros).

En la actividad agraria de la selva, las insatisfacciones tienen que ver con productos emblemáticos como el café, que aún no recupera totalmente su productividad luego de la plaga de roya amarilla y experimenta una baja cotización internacional, lo que no permite generar rentabilidad, dificultando incluso cubrir costos de producción y pagar deudas a Agrobanco. Esto sin duda cierra posibilidades de acceder a créditos, así como satisfacer las necesidades económicas familiares.

En este escenario no es extraño que, tal cual ha alertado la Junta Nacional del Café (JNC), muchos cafetaleros están abandonando el cultivo e incursionando en la producción de coca, poniendo sus tierras y su mano de obra al servicio de cultivos ilícitos. Mientras no se manejen alternativas válidas en los valles amazónicos, el Estado tendrá que emprender campañas de erradicación, generando tensiones y enfrentamientos.

Otro aspecto a considerar es que en los distritos más aislados se está deforestando el bosque para nuevos cultivos como el kion y la piña, que si bien permiten que los agricultores se capitalicen rápidamente en tiempos de crisis, dadas las características de su manejo degradan los suelos, lo que va en sentido contrario a los esfuerzos del Estado en la conservación de los servicios ecosistémicos de nuestra riqueza forestal.

Las movilizaciones de los campesinos han sido pacíficas y con poca cobertura de los medios capitalinos, que se han limitado a visitar los mercados de abastos y decir que no habrá problemas de abastecimiento ni justificaciones para la especulación de precios, lo que no permite conocer la magnitud de los reclamos y menos, un entendimiento de la problemática por parte del ciudadano común.

En conclusión, el problema de fondo es la ausencia de políticas explícitas para el fomento de la agricultura familiar en los diversos ámbitos del Perú. La reestructuración del Minagri es ciertamente válida, pero a condición de tener clara la política agraria para el país, que reconociendo la diversidad existente, formule estrategias diferenciadas y entienda el sector agrario peruano como algo mucho más complejo y de mayor amplitud que la agroexportación. No olvidemos que, después de todo, la agricultura familiar y campesina juega un importante rol en el abastecimiento del mercado nacional de productos alimenticios. Reestructurar el MINAGRI no puede entenderse solo como un cambio de organigrama y el reordenamiento institucional –lo que ciertamente es necesario– sino, sobre todo, políticas diferenciadas y asignación de recursos adecuados para los grupos más desfavorecidos del campo. El Estado debe saber interpretar las necesidades del agro, capitalizar sus saberes, proveerlos de recursos de inversión con enfoque empresarial, fortalecer sus organizaciones y modernizar la actividad agrícola.

desco Opina – Regional / 17 de mayo de 2019

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