En sentido estricto, la “judicialización de la política” designa al proceso por el cual un sector de la sociedad busca en la vía judicial determinados objetivos que no consiguió en los espacios tradicionales de la política, Ejecutivo o Legislativo, donde por lo general se adoptan decisiones públicas. Por esta vía, en muchos países del mundo se han ampliado los límites de aquella, particularmente en materia de derechos civiles. Como es claro, el espacio de encuentro entre el campo judicial y el mundo de la política es grande. A nivel iberoamericano prevalece la selección política en el nombramiento de los jueces, destacando entre las supuestas excepciones, Colombia, Ecuador y Perú. Decimos supuestas porque como hemos aprendido, el nombramiento de jueces y fiscales tiene grandes repercusiones políticas y el peso del Tribunal Constitucional que es designado por el Congreso, reproduce las preferencias y orientaciones de ese poder del Estado.
En América Latina, desde hace ya buen tiempo, se ha instalado la discusión sobre el tema. El juicio contra Lula en Brasil y la posterior incursión política del juez Moro, pusieron sobre la mesa el concepto del “lawfare” para referirse a la guerra legal, al ataque contra adversarios usando indebidamente los procedimientos legales, para aparentar legalidad. En nuestro país, ese proceso que se ha acelerado en los últimos años, por los «méritos», entre otros, de nuestros sucesivos mandatarios a partir de Alberto Fujimori, ha introducido nuevos actores y actrices en el reparto de la película que estamos viviendo en función continuada. La sucesión y multiplicación de escandalosos casos de corrupción que alcanzan reiteradamente a los niveles más altos y visibles de la política, hace inevitable el proceso porque como es obvio, la justicia tiene que actuar contra quienes delinquen y fiscales y jueces son los indicados para hacerlo.
Las seis carpetas fiscales abiertas contra el Presidente de la República son hoy día parte del espectáculo diario. El mandatario está indagado por múltiples razones que van desde el plagio de su tesis de maestría, hasta su participación en distintas licitaciones fraudulentas que tienen a su esposa y a Yenifer Paredes, hermana menor de ésta, en la mira del Ministerio Público. La compra de biodiésel en Petroperú, los ascensos en las FF.AA. y Policiales, la obra del puente Tarata y la mafia del MTC, así como las circunstancias de la destitución del ex ministro del Interior González, completan el rosario actual de investigaciones que en varios momentos sindican a Castillo Terrones como jefe de una banda criminal.
Más allá de los indicios y los testimonios, muchos significativos y cada vez más próximos al profesor, la campaña abierta desde la Fiscalía, que por instantes parece corresponsalía de los distintos medios de comunicación que en minutos reciben copias completas de las declaraciones, versiones íntegras de los hallazgos y primicias de las intervenciones que se suceden, ha hecho de esta institución y de su actual titular, más protagónicas de lo que fueran los últimos años, que no es poco decir. Protagonismo que no deja de ser sorprendente porque ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial alcanzaban el 15% de confianza en la medición de marzo de la ENAHO, en su módulo de Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones, entre otras cosas quizá por la cantidad de indagaciones e investigaciones en curso que tienen abiertas hace años con escasos resultados, como es notorio.
Si al mucho ruido y pocas nueces de la acción fiscal y la administración judicial le añadimos que no se trata de instituciones exentas de corrupción, –Pedro Chávarry, Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez, Luis Arce, César Hinostroza…–, y sumamos además, algunas de las sorprendentes decisiones de la titular del Ministerio Público que involucran un caso en el que su hermana es parte, podemos entender mejor el éxito relativo de la estrategia de la respuesta presidencial a éste, que debiera ser su momento más difícil y no uno en el que a pesar de los apremios, su aprobación se mantiene, si no crece en las encuestas.
Quienes esperan que la justicia haga el trabajo que buena parte de los congresistas pretende, incluso desde antes de su instalación, vale decir la vacancia presidencial, pueden pecar de entusiastas. El mandatario, que ya ha demostrado su capacidad para aprovechar todos y cada uno de los pecados y desaciertos de los parlamentarios, enfrenta ahora la judicialización de sus acciones y comportamientos, convocando limitadamente a sus clientes y victimizándose una vez más frente a un sistema que lo combate desde el sótano de la desaprobación y con argumentos frecuentemente deleznables como la traición a la patria. El quinto de la población, que difícilmente se movilizará, pero que hasta ahora parece el respaldo duro de Pedro Castillo, no cree que el esfuerzo en curso sea estrictamente judicial, como insiste la señora Benavides.
Recordemos, en cualquier caso, que muchos de los que hoy aplauden a la Fiscalía y la desagravian por las altisonantes declaraciones del Presidente y algunos de sus voceros, no hace mucho lamentaban que se acuse a unos pocos poderosos y a los políticos de su gusto, denunciando que se manipulaba la justicia para perseguir al adversario.
desco Opina / 26 de agosto de 2022
