El propósito del Congreso de prolongar la permanencia de sus actuales componentes en el poder, se expresa en estos días, una vez más, en las medidas que se toman. Apenas un par de semanas atrás la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió archivar las investigaciones sobre los Rolex de la mandataria, mientras a diario se aprueban leyes absurdas, solamente populistas y electoreras, como la creación simultánea –en el papel– de veinte nuevas universidades en el país.
De un lado, los congresistas se esfuerzan ¿ingenuamente? por blindar a futuro la posibilidad de ser sancionados más allá del año 2026, del otro, intentan ajustar el proceso electoral en curso buscando evitar que posibles rivales, salidos desde la oposición existente en el escenario público, puedan postular en las próximas elecciones. Ello, a pesar de que su aprobación es apenas un error estadístico.
En ese propósito buscan suspender a jueces y fiscales supremos que, –particularmente el fujimorismo– consideran indispensable cambiar, por ejemplo, modificando el Reglamento del Congreso para disminuir el número de votos necesarios para sancionarlos y reemplazarlos. Se trata una vez más de dificultar la persecución del delito y mantener o ampliar las cuotas de poder que han conseguido, limitando el poder Ejecutivo y controlando progresivamente otras instituciones importantes como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia.
La lista de ataques a la democracia y la gobernanza es amplia y variada. Incluye las recientes modificaciones a la ley APCI y su estrategia de debilitamiento de las investigaciones y sanciones por la violación de los derechos humanos cometida recurrentemente por el Gobierno, así como diversas exoneraciones tributarias a los grupos de poder, en desmedro de los recursos que requiere el presupuesto público. Eso mismo ocurre cuando plantean modificaciones puntuales a la legislación electoral para, entre otras decisiones de última hora, facilitar la reelección de autoridades municipales y regionales.
En esa línea, sin embargo, no han podido inhabilitar por ahora a figuras que un sector de la ciudadanía ve con buenos ojos como el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, el expresidente Francisco Sagasti y en una tercera inhabilitación, Martín Vizcarra. Muchos de ellos, hay que recalcarlo, no salen limpios de la revisión y consecuente observación hecha por RENIEC del registro de firmas falsificadas de afiliados que incluyen a los fujimoristas de Fuerza Popular, con amplia experiencia en ese delito.
Lo que parece buscar la costra gobernante, además de favorecer los intereses de los grupos ricos de creciente poder económico, es seguir adelante con la corrupción en marcha, tan galopante como la violencia delincuencial que ya suma más de 4300 homicidios, víctimas de las condiciones en las que nos han sumido quienes ejercen las facultades legislativas y ejecutivas del Estado.
Nunca antes que se recuerde, lo dicen varios de nuestros más destacados historiadores e historiadoras, nuestro país estuvo inmerso simultáneamente en tanta violencia, corrupción y desmanejo público. El listado de los peores ministros, ponderado por especialistas nacionales y extranjeros, así como la ciudadanía expresándose en encuestas de opinión, muestran porcentajes de desaprobación superiores al 95%. El repudio ciudadano es abrumador en medio del contubernio y respaldo mutuo que una mayoría congresal autoritaria comparte con el Ejecutivo desde las protestas y muertes iniciadas en diciembre del 2022.
Son ya más de dos años de destrucción de la institucionalidad pública y privada en el país, que con el aliento a la informalidad delincuencial, en un escenario de pésima gobernanza, en el que brillan por su opacidad sujetos como el actual asesor de la presidencia y exministro del Interior Santivañez, el inaceptable ministro de Educación y la mención aparte que merecen las inauditas declaraciones del ministro de Agricultura, en esta ocasión desconociendo el papel de la agricultura familiar y su invalorable aporte a la construcción de la seguridad alimentaria, para favorecer a la minería contaminante.
Soportamos una mala gobernanza nacional, que implica un retroceso en nuestro proceso de desarrollo, y más grave aún, nos enfrenta al riesgo de un quebrantamiento serio del país, a la imposibilidad de contar con un proyecto nacional mínimo que se sustente en la democracia, la justicia y la conjunción de una concertación solidaria indispensable que permita al Perú ubicarse en medio de un escenario internacional turbio, plagado de amenazas, enfrentamientos y guerras que nos tocan cada vez más de cerca.
La disputa por heredar el poder y el interés de organizaciones como el cerronismo, el fujimorismo y Alianza para el Progreso por ampliarlo, entre grupos que soportan al gobierno actual, se produce en un escenario en el que la mayoría ciudadana expresa en las encuestas su desinterés por tentar el control de Estado y solamente demanda el cese de la violencia delincuencial en una lógica de supervivencia, incapaces de ver por ahora un futuro de desarrollo mínimamente armonioso y de prosperidad compartida.
desco Opina / 2 de mayo de 2025
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