Una rápida mirada a la situación de la seguridad en nuestro país en los últimos meses, permite apreciar ocurrencias inaceptables: Perú se cae a pedazos. Lo sucedido en la provincia de Pataz ha dado la vuelta al mundo y estremecido a la nación. En particular, a casi la mitad de la población que por su edad no vivió los tiempos de Sendero Luminoso y el conflicto bélico que soportamos décadas atrás.
El caso ha saltado como el disparador de una reacción política de parte significativa del Congreso Nacional para recolectar firmas –que fácilmente superaron las requeridas– en cuatro mociones distintas que fueron presentadas planteando la censura al Presidente del Consejo de Ministros. Solo los congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú no han firmado ninguna moción.
En medio de la indolencia gubernamental ese sector se niega a sumarse a lo que constituye una demanda nacional. Esto se explica, a nuestro entender, por el gran contubernio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con las mutuas ventajas que obtienen dando la espalda al país y cumpliendo su propósito de mantenerse, compartiendo el poder hasta el último día y de ser posible, extenderlo.
El reingreso a la escena del censurado ministro del Interior constituye una grave afrenta al orden constitucional. Si bien no se infringe ninguna norma con el retorno del cuestionado exministro como miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), también es cierto que, en la actual coyuntura, y dada la ubicación estratégica que ahora ocupa Santiváñez, es una burla abierta al Congreso que lo expectoró. Más aún si el oscuro personaje mantiene su cargo de Jefe de la Oficina general de Monitoreo Intergubernamental del despacho de Dina Boluarte.
Como lo hemos dicho más de una vez, la lista de ataques a la democracia y la gobernanza es amplia y variada. En esta movida de fichas el rol de Juan José Santiváñez pone en jaque, una vez más, el funcionamiento de las reglas de la democracia constitucional.
Si bien se puede ver a diario en la televisión y escuchar por distintos medios a ciudadanos comunes y corrientes denunciando que el sicariato y la extorsión están matando a personas inocentes, mientras las quejas ante la violencia y la inseguridad aumentan, es lamentable la falta de coordinación para enfrentar a autoridades que, a los ojos de cualquiera, no hacen nada, o peor aún, nombran en posiciones estratégicas a personajes nefastos.
Periodistas acribillados, colegios que no funcionan por amenazas a los estudiantes, trabajadores mineros vilmente asesinados, choferes y mototaxistas baleados, comerciantes amenazados y atacados, negocios y oportunidades de trabajo que desaparecen, son parte del resultado de la inacción del Estado en las zonas urbanas y rurales del país. Que en este escenario se pretenda duplicar el sueldo de la señora Boluarte, es un nuevo y grosero agravio absolutamente insensible y convencido de su impunidad.
Al parecer, no basta ya sumarse a las voces de protesta que resuenan como coro de lamentaciones sin rumbo en medio de noches oscuras. Creemos que, una vez más, debemos esforzarnos por encontrar los hilos de la concertación nacional que permitan a los que habitamos este país milenario y ferozmente maltratado por hampones y delincuente de distinta laya, salir del marasmo y la anomia, que como se sabe bien llevan por mal camino a las personas y sociedades.
El escenario electoral en marcha, por ahora corre por cuerda separada en tanto se definen y ajustan las listas y sus candidatos. Las expectativas de un cambio de rumbo siguen siendo pequeñas y el tema no convoca.
desco Opina – Regional / 9 de mayo de 2025
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