El pasado 24 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, una oportunidad para dar un repaso a los retrocesos del último año en nuestra legislación que buscan dejar impunes a militares por sus crímenes durante el conflicto armado interno; y revisar cómo las decisiones de otros poderes del Estado están impidiendo que muchas familias de las regiones del sur del país encuentren justicia frente a la violencia ejercida por el Ejecutivo a fines del 2022 e inicios del 2023, que dejó muertos y heridos con secuelas irreparables.
En agosto del año pasado fue promulgada le Ley 32419, que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo en el Perú entre 1980 y 2000. Esta ley revierte sentencias firmes y puede detener juicios que aún están en curso por crímenes cometidos en ese periodo. Los votos que permitieron su aprobación provinieron de Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, APP, Somos Perú, Honor y Democracia, y Avanza País, destacando de ellos, dos de sus fervorosos artífices y defensores: el exmilitar y congresista Jorge Montoya, y el congresista Fernando Rospigliosi, ahora candidatos al Senado Nacional. Este último también fue el artífice de la Ley Nº 32107, que establece que los crímenes de lesa humanidad y de guerra no son perseguibles si ocurrieron antes del 1 de julio de 2002.
Si bien diversos jueces y salas del Poder Judicial se han negado a aplicar estas normas por considerarlas inconstitucionales, los abogados de condenados, como los ocho exmilitares procesados por la masacre de Cayara, han comenzado a recusar los casos de sus clientes. La anulación de la pena de doce años de cárcel a Daniel Urresti que dio el Tribunal Constitucional, es una muestra de los graves efectos provocados por los impulsores de estas normas pro impunidad. No hay que olvidar que Urresti fue condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos; sin embargo, el candidato presidencial Pepe Luna, de Podemos Perú, lo ha incorporado en sus filas como flamante pieza clave para luchar contra la inseguridad.
Por su parte, el ahora Fiscal de la Nación Tomás Gálvez, desactivó el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip), además de otros tres, dejando en el aire 57 carpetas fiscales producto de las diligencias e investigaciones hechas en Ayacucho, Cusco y Puno, regiones donde se reportaron parte de las 49 personas asesinadas durante las masacres perpetradas por el régimen de Dina Boluarte. Si bien esta desactivación no significa que los casos se archiven, al pasar a manos de nuevos fiscales, los procesos y acusaciones a los responsables se vuelvan a retrasar. Peor aún, puede que esas carpetas fiscales queden olvidadas como tantas otras, debido a la abundante carga procesal del Ministerio Público.
Las víctimas del Estado en el sur no son sólo un número, se trata de vidas y familias que han quedado destruidas debido a la represión brutal que el régimen eligió desplegar a cambio de salvaguardar su permanencia en el poder. Vidas como la de José Luis Aguilar Yucra de 20 años, asesinado por un disparo que militares hicieron a 70 metros de distancia, el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho; o de Marco Antonio Samillán de 29 años, un estudiante de medicina que murió por un balazo en el tórax mientras brindaba auxilio a manifestantes durante las protestas, el 9 de enero de 2023 en Juliaca, Puno.
A más de tres años de lo acontecido, el avance para procesar a los culpables es lento y frustrante. La saña del Congreso no ha tenido límites: seis congresistas de Fuerza Popular, encabezados por Rospigliosi, presentaron el año pasado un proyecto de ley que busca eximir de responsabilidad penal a policías y militares por las muertes que pudieran ocurrir durante la represión de una protesta. Si bien el proyecto fue duramente criticado por la opinión pública, no se archivó y continúa en la agenda parlamentaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Lastimosamente, el discurso sostenido por la derecha peruana que argumenta que “los derechos humanos solo sirven para proteger a los delincuentes”, ha calado y podemos ver a muchas personas haciendo eco de esta falacia en redes sociales. El negacionismo y la alta tolerancia sobre estos y otros hechos, se hacen visibles en las recientes encuestas electorales, donde los grupos políticos cuestionados siguen ostentando altos porcentajes en la intención de voto.
Hasta ahora no se discute seriamente la desproporcionalidad de la fuerza entre los que reprimen las protestas y los protestantes. No hay consensos básicos sobre cómo se debe controlar una protesta sin el uso de armas letales. Mientras tanto, estos crímenes de Estado se siguen normalizando y pasando por agua tibia todo intento que el régimen logra articular para evitar el acceso a justicia y verdad. Es sintomático que, durante el primer debate presidencial rumbo a las elecciones 2026, candidatos como Carlos Álvarez de País Para Todos, Pepe Luna de Podemos Perú y Cesar Acuña de Alianza por el Progreso, hayan evitado responder sobre si reactivarían los grupos especiales que Tomás Gálvez ha preferido alejar.
La memoria y la justicia deben ser también un motor importante para convocarnos a las urnas este 12 de abril. Nuestro voto es, en este contexto de democracia imperfecta, una muestra de nuestra resistencia y lucha frente a los grupos de poder que han priorizado mantener su status quo a costa de la vida de las y los peruanos. ¡Ni olvido ni perdón!
desco Opina – Regional / 27 de marzo del 2026
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