Derechos, concesiones y protestas

La minería informal en Perú no es un fenómeno reciente, pero su visibilidad y expansión han alcanzado un punto crítico los últimos años, no solo por los enfrentamientos violentos entre sus pares, sino también por los crímenes sangrientos perpetrados por la delincuencia en las mismas zonas de explotación, además de las frecuentes protestas.

Desde finales de junio, los mineros informales han organizado bloqueos y paros en corredores estratégicos en el norte y el sur del país, exigiendo por cuarta vez la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y cambios en el régimen de formalización. Con esta medida presionaron al Congreso para que se apruebe la ley que regula el régimen especial para la pequeña minería, minería artesanal y minería tradicional (Ley MAPE). La dilación del paro obligó a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República a revisarla al término de la primera semana de julio. Sin embargo, el predictamen no alcanzó los votos necesarios para su aprobación y el proyecto quedó reprogramado para su discusión en una próxima legislatura.

Durante la tercera semana de protesta, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú) hizo una tregua para facilitar el diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros. Confemin exige la devolución de los Reinfo a 50 000 mineros, que en la víspera fueron excluidos del proceso. En este punto hay que precisar que el proceso de formalización de este sector inició en el 2012 y que, desde entonces, no ha logrado los objetivos esperados, permitiendo que muchos mineros ilegales se capitalicen sin que sean sancionados debido a que su proceso de formalización estaba en curso.

Hay que recalcar que en este conflicto convergen intereses legítimos de supervivencia económica y derechos territoriales de varios grupos poblacionales que han sido largamente olvidados por el Estado, y que han visto en la pequeña minería (formal, informal, comunal, pero también en la ilegal) una puerta para salir de la pobreza, sin prever los altos costos que esta actividad y las condiciones en las que se realiza, genera para su salud y la vida misma. Esta realidad no niega el impacto que esta actividad tiene sobre los derechos de otras poblaciones también olvidadas y que requieren de una respuesta expeditiva del Estado, a fin de contrarrestar los graves daños ambientales provocados por los relaves, el uso de dragas, quimbaletes y químicos que contaminan sus tierras y el agua que usan para sus actividades productivas. Ejemplo de ello son La Rinconada en Puno y diferentes lugares de Madre de Dios, una de las regiones más afectadas por esta actividad ilegal.

Si bien este gobierno no tiene ni la capacidad ni las ganas de solucionar este problema desde la raíz, es decir resolviendo problemas estructurales, sí podría comenzar por revisar el marco legal de las concesiones mineras, que es una de las demandas de la Confemin y uno de los escollos para la efectividad del proceso de formalización.

Según datos de CooperAcción, el 15,5 % del territorio nacional –cerca de 20 millones de hectáreas– está concesionada a titulares formales (generalmente a la mediana y gran empresa) que, por un pago de derecho de vigencia que varía entre los US$ 0.5 y US$ 3 mensuales por hectárea, pueden mantener esa titularidad por un tiempo indeterminado. Esto ha permitido que por muchos años estos “propietarios” realicen convenios con mineros informales para que exploten sus concesiones a cambio de una cantidad de dinero o un porcentaje de lo que extraigan. Con el inicio de la formalización, el gobierno solicitó como requisito a los informales, la oficialización de esos convenios en contratos que en muchos casos no se lograron concretar. Sin tierra no hay actividad que formalizar. De allí que, de los 84 000 mineros inscritos en el Reinfo, solo el 2.4% haya logrado formalizarse.

Así las cosas, las protestas recientes no son solo expresiones desesperadas; revelan la crisis profunda de un modelo extractivo que excluye y genera inequidad territorial. Mientras miles de hectáreas están ya aseguradas por empresas formales, un sector amplio de mineros artesanales sigue excluido del sistema, expuestos a la vulnerabilidad legal y la coerción de actores criminales.

El Estado extiende concesiones, pero carece de mecanismos eficaces para garantizar la conexión entre concesiones grandes y la minería artesanal, informal o comunal. Además, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) ha demostrado que ha sido poco cuidadoso al aprobar concesiones, superponiéndolas a otros derechos territoriales, como los comunales o zonas de amortiguamiento de reservas naturales. Apurímac es un ejemplo de ello, una de las regiones con más territorio concesionado (56%) y en donde los conflictos no cesan entre las comunidades y las grandes empresas.

Nuestro país necesita transitar hacia un modelo más inclusivo, ordenado y equitativo. Aunque suene bastante discutible, es necesario una reforma del Reinfo, pero con un saneamiento territorial serio que permita identificar las concesiones ociosas y a los titulares que han abusado de los “convenios” de la mano con los informales, recibiendo cómodamente pingües ganancias, pero invirtiendo solo en los derechos de vigencia, sin que les importe si se explota gente, si se contamina o si se fomenta en zonas aledañas la trata de personas. Se necesita simplificar los procesos de formalización para la minería informal, pero sin precarizar los controles ambientales ni dejar expuestas zonas con ecosistemas frágiles como en la selva. Hacer minería en los ríos de nuestra Amazonía no es un asunto negociable, en especial por la poca capacidad que ha demostrado el Ejecutivo para el control de la actividad en territorios intangibles.   

El Estado enfrenta un dilema: mantener la inviolabilidad de las concesiones –en la que creemos ha perdido capacidad– o reconfigurar el marco concesional para incluir a la pequeña minería como aliada estratégica. La respuesta se cae de madura, solo hace falta decisión política. Quedan cinco meses y medio para cerrar el proceso de formalización y que los informales pasen a engrosar la fila de los ilegales.

desco Opina – Regional / 18 de julio del 2025

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